La Junta Departamental de Colonia ha marcado un precedente al derogar, únicamente con los votos del Partido Nacional, la normativa de 2004 que regulaba a los cuidacoches. Esta medida no solo elimina el registro de trabajadores, sino que abre la puerta a la penalización de la actividad bajo figuras del Código Penal.
Los argumentos de la prohibición El edil Julio Basanta, impulsor de la iniciativa, calificó la ordenanza anterior como «ilegítima», argumentando que la seguridad pública es competencia exclusiva del Ministerio del Interior. Según la exposición de motivos del proyecto, la intención es prevenir que en Colonia se extiendan prácticas «peligrosas y repudiables» observadas en otras ciudades del país. Además, se vinculó la actividad con la «mendicidad activa», señalando que muchos conductores entregan dinero solo por temor a represalias, como el rayado de sus vehículos.
Críticas y preocupación social La medida ha encontrado una fuerte resistencia en el Frente Amplio y en las asociaciones de trabajadores. Mónica Rivero, coordinadora de la bancada frenteamplista, advirtió que la prohibición genera un vacío legal, ya que las personas seguirán en la calle por ser su único sustento, pero ahora sin un registro que los identifique.
Por su parte, Miguel Álvarez, secretario de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay, defendió la actividad como un servicio necesario para evitar daños en los vehículos y lamentó la pérdida de fuentes de trabajo. Según Álvarez, el problema no terminará con la ley: «Van a seguir cuidando coches y todos los días van a tener que llevar gente a la comisaría».
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