En un fallo de gran relevancia para el sistema jurídico y político uruguayo, el Juzgado Letrado de Trabajo de 18º turno ha condenado al sector Marea Frenteamplista a indemnizar a la exdiputada suplente Martina Casás con la suma de 697.812 pesos.
La sentencia establece que Casás fue víctima de un «despido indirecto y abusivo» derivado de situaciones de acoso sexual y laboral.
El origen del conflicto y la base legal La demanda, iniciada en 2023, se fundamentó en el artículo 11 de la ley de acoso sexual.
Esta normativa permite que una víctima de acoso se considere indirectamente despedida, otorgándole el derecho a una indemnización especial equivalente a seis mensualidades.
Mientras que la justicia penal archivó la denuncia en junio de 2025, la sede laboral concluyó que sí existían pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del empleador.
Militancia vs. Relación Laboral Uno de los puntos centrales de la controversia fue la naturaleza del vínculo. Marea Frenteamplista argumentó que Casás era una militante política y que el dinero que recibía era para «rentar su militancia», sin que existiera subordinación o instrucciones directas.
Sin embargo, la jueza Barosio desestimó esta postura, determinando que existía un vínculo laboral típico de duración indeterminada, dado que el sector no pudo probar la existencia de un contrato a término.
La acreditación del acoso La sentencia judicial sostiene que quedó demostrada la existencia de comportamientos inadecuados con connotaciones sexuales por parte de Gustavo Olmos hacia Casás.
Según la resolución, este acoso:
- No fue deseado por la víctima.
- Creó un ambiente de trabajo hostil y humillante.
- Amenazó con producir un perjuicio en su situación laboral.
Para llegar a esta conclusión, la jueza valoró testimonios de figuras políticas y, fundamentalmente, de la psicóloga de Casás, quien reportó un cuadro de angustia, ansiedad y signos evidentes de depresión que requirieron tratamiento farmacológico.
Reacciones y próximos pasos Tras conocerse el fallo, Martina Casás manifestó un sentimiento de «alivio» tras un proceso de dos años que calificó como «emocionalmente desgastante».
«Al final parece que lo único que queda de vos es ser una persona que denunció un acoso», reflexionó ante la prensa.
Desde el sector político involucrado, se informó que la sentencia será apelada, alegando que hubo una «incorrecta apreciación de los hechos» y una «errónea aplicación del derecho».
El caso ahora pasará a una instancia superior donde se revisarán los argumentos presentados por ambas partes.
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