Transparencia y Defensa: El Gobierno uruguayo rescinde el contrato para las nuevas patrulleras oceánicas

En una decisión firme orientada a proteger el patrimonio del Estado y garantizar la transparencia en la gestión pública, el Gobierno nacional resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama. Esta empresa era la encargada de construir dos buques patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional, un proyecto clave para la vigilancia de nuestras aguas territoriales.

Los motivos del quiebre: Incumplimientos y documentos falsos La decisión, comunicada por el presidente Yamandú Orsi tras el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, surge tras detectar irregularidades críticas en las garantías presentadas por la empresa.

Según detalló el mandatario, el proceso reveló hallazgos alarmantes:

• Garantía de fiel cumplimiento inexistente: Al intentar ejecutar esta garantía, el Gobierno descubrió que el documento presentado era, en realidad, un documento falso, hecho que el propio astillero terminó admitiendo.
• Irregularidades en el reembolso: El documento de garantía de reembolso tampoco cumplía con los términos contractuales; no era una póliza de seguro, sino simplemente un escrito de términos y condiciones.

Las cuatro acciones inmediatas del Gobierno Ante la gravedad de los incumplimientos contractuales, el Ejecutivo ha definido una hoja de ruta clara para mitigar daños y seguir adelante con la modernización de la Armada:

1. Rescisión inmediata: Se cancela el contrato de suministro y se inician acciones legales por daños y perjuicios.
2. Recuperación patrimonial: Acciones para proteger los recursos del Estado uruguayo.
3. Determinación de responsabilidades: Se buscará definir responsabilidades tanto institucionales como individuales por lo ocurrido.
4. Nueva búsqueda de buques: Se mantiene firme el objetivo de adquirir patrulleras oceánicas para defender la soberanía nacional.

El futuro de la vigilancia marítima Pese a este contratiempo, el Gobierno ya se encuentra explorando alternativas con astilleros públicos y privados de otros países para adquirir buques de porte similar. Además, se informó que existe un ofrecimiento de Estados Unidos para la entrega de un navío que sirva como solución intermedia mientras se concreta una compra definitiva.
Asimismo, se prevé el refuerzo de la vigilancia costera mediante la adquisición de lanchas rápidas, un área en la que el gobierno ya visualiza un «buen horizonte» de implementación.