En un hecho de alta relevancia diplomática, el 4 de enero de 2026, los gobiernos de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España fijaron una postura firme ante los recientes acontecimientos militares en territorio venezolano. El comunicado conjunto, difundido a través de las fuentes oficiales de la Presidencia de Uruguay, subraya la necesidad de retornar al marco legal internacional definido por la Carta de las Naciones Unidas.
El rechazo a la fuerza unilateral El primer punto de la declaración expresa un rechazo categórico a las acciones militares ejecutadas unilateralmente. Según las fuentes, estas operaciones contravienen principios fundamentales como el respeto a la integridad territorial y representan una amenaza directa para la seguridad de los civiles y la estabilidad de todo el continente.
La soberanía y la autodeterminación como ejes Las naciones firmantes enfatizan que la crisis venezolana no puede ser resuelta mediante la fuerza externa. Por el contrario, sostienen que la solución debe ser exclusivamente pacífica, a través de la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano «en todas sus expresiones». El comunicado es claro al señalar que el proceso debe ser liderado por los propios ciudadanos de ese país, asegurando que sea inclusivo y sostenible.
América Latina: Una Zona de Paz Un pilar histórico que rescata este documento es el carácter de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz. Los seis gobiernos hacen un llamado a la unidad regional, por encima de las diferencias ideológicas, para proteger la estabilidad de la zona. Asimismo, han solicitado formalmente la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas y de otros mecanismos multilaterales para detener la escalada de hostilidades.
La preocupación por los recursos naturales Un aspecto destacado en las fuentes es la advertencia sobre los recursos estratégicos. El grupo de países manifestó su alarma ante cualquier intento de administración o apropiación externa de los recursos naturales de Venezuela, calificando tales actos como incompatibles con el derecho internacional y peligrosos para la estabilidad económica y social de la región.
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