La Ley de Tenencia Compartida, aprobada durante el gobierno de Lacalle Pou, ha vuelto a colocarse en el centro del debate político y social en Uruguay. La reciente conmoción generada por el trágico «caso Morosini», donde un hombre asesinó a sus dos hijos en Soriano, ha impulsado al Frente Amplio (FA) a proponer su derogación, lo que ha generado una fuerte respuesta por parte del Partido Nacional (PN).
La Postura del Partido Nacional: Una Defensa Firme de la Ley
El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, ha sido una de las voces más enfáticas en la defensa de la ley. Según Goñi, la norma es «muy buena» para los niños y debe «mantenerse». Ha calificado la idea del FA de derogar la ley como un «populismo irresponsable», criticando que se intente «aprovechar» un «hecho trágico» para promover la derogación «sin fundamento ni lógica legislativa».
Goñi argumenta que la derogación no solo no resolverá el problema de fondo, sino que incluso «va a causar mucho más daño, mucha más violencia». Subraya que la Ley de Tenencia Compartida es fruto de un «reclamo de padres y madres que quieren que los niños, luego de separarse, puedan mantener esa relación». Añade que todo el sector académico y experto afirma que es conveniente que los niños mantengan esa relación con ambos padres, siempre «excepcionando casos de violencia».
Enfatiza que la ley «no deja en desprotección a los niños, todo lo contrario». Para los «casos excepcionales de padres violentos, por supuesto que la ley de tenencia compartida no se aplica». Considera una «mentira, una falsedad decir que esta ley es la causa de estos episodios». Para Goñi, derogar la ley sería «criminalizar, estigmatizar y discriminar a los padres» que tienen derecho a mantener relación con sus hijos, e impediría que esta relación continuara.
Además, Goñi asegura que la implementación de esta ley ha generado un «desestímulo» a las denuncias falsas, las cuales causaban «tanto daño, violencia» y a menudo eran «causas de crímenes». Según él, impedir la relación de los padres con los niños «genera toda una violencia que lamentablemente muchas veces genera más violencia».
El Frente Amplio y la Propuesta de Derogación
Desde el Frente Amplio, figuras como el político Charles Carrera y la diputada Inés Cortés han expresado la necesidad de derogar la ley. Carrera, reflexionando sobre el caso Morosini, opinó que «hay que derogarla». Aunque reconoció que como abogado le tocó algún caso con «alguna mentira» en denuncias, advirtió: «no podemos generalizar que las mujeres mienten y que por eso se debe aplicar el tema de la tenencia compartida».
Por su parte, la diputada frentista Inés Cortés afirmó que el compromiso de derogar la ley existe «desde el momento en el que se votó la ley en la legislatura pasada». Para Cortés, lo ocurrido en el caso Morosini obliga a «rever» los tiempos que se toma el sistema político para procesar ciertas discusiones.
La legisladora sostiene que «hay que derogarla completa la ley porque establece varias cuestiones que vulneran los derechos de las infancias y adolescencias». Un punto crítico que menciona es el tema de las medidas cautelares ante situaciones de violencia basada en género hacia la madre. Cortés explica que la ley determina que las medidas cautelares sean hacia la mujer y no hacia los hijos, cuando se sabe que en situaciones de violencia intrafamiliar «la presencia solo de los niños los hace víctimas directos de esa violencia».
Conclusión: Un Debate Complejo y Profundamente Dividido
El debate sobre la Ley de Tenencia Compartida en Uruguay es un claro ejemplo de la complejidad inherente a la legislación familiar, donde se cruzan derechos de padres, la protección de niños y adolescentes, y la lucha contra la violencia. Mientras el Partido Nacional defiende la ley como un beneficio para el desarrollo de los hijos y una herramienta contra denuncias falsas, el Frente Amplio insiste en su derogación, alertando sobre la vulneración de derechos de los menores y falencias en la protección ante la violencia intrafamiliar y de género, especialmente a la luz de trágicos sucesos como el caso Morosini.
La discusión continúa, con argumentos sólidos y preocupaciones válidas en ambos lados, dejando en evidencia una profunda división en el espectro político y social sobre cómo garantizar el bienestar superior de los niños en situaciones de separación parental.
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