La Ley de Faltas (Nº 19.120), aprobada en 2013 como una herramienta innovadora para sancionar delitos «menores», se encuentra hoy bajo la lupa del Parlamento uruguayo. Según las fuentes consultadas, existe una profunda preocupación tanto en el Poder Legislativo como en la Fiscalía General de la Nación debido a que la norma prácticamente no está funcionando, lo que genera una creciente sensación de impunidad en la sociedad.
Un problema que viaja sobre ruedas.
Aunque la ley abarca diversas infracciones, el grueso del problema radica en el tránsito. De acuerdo con datos proporcionados por legisladores y la Unasev, los delitos viales representan más del 90% de las faltas cometidas en el país.
Las estadísticas del Poder Judicial revelan una brecha alarmante entre los casos que se inician y los que realmente llegan a una condena:
• En la última década, los «asuntos iniciados» pasaron de 10.733 a 18.771.
• Sin embargo, la gran mayoría de los procesos (más de 8.000 casos en 2022) terminaron en la clausura del caso, mientras que las sentencias con penas de trabajo comunitario han mostrado una tendencia a la baja.
• Un dato particularmente crítico es el aumento de la conducción de vehículos sin autorización, delito que creció más del 700% en los últimos 10 años.
¿Por qué está fallando la normativa actual?
Las fuentes indican que la ley presenta limitaciones estructurales que dificultan su aplicación efectiva. Entre los principales obstáculos se encuentran:
1. Desactualización procesal: La norma funciona con la lógica del viejo proceso penal y no se ha alineado con las reformas del Código del Proceso Penal actual.
2. Falta de recursos humanos: Existe una escasez crítica de personal en la Fiscalía, lo que obliga a priorizar delitos de mayor gravedad.
3. Dificultades logísticas: Los fiscales tienen serias dificultades para comparecer de forma presencial a todas las audiencias de faltas cuando son citados por los jueces.
Las nuevas iniciativas en marcha.
Para «cerrar el círculo» y devolverle la funcionalidad a la ley, los diputados evalúan varios proyectos que cuentan con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
• Optimización del tiempo fiscal: Un proyecto del diputado Mauricio Viera busca que los fiscales puedan actuar por escrito en lugar de asistir presencialmente a las audiencias, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos existentes.
• Combate a la «viveza criolla»: El diputado Pedro Jisdonian propuso incorporar específicamente sanciones para quienes circulen sin placas de matrícula, o con estas ilegibles o adulteradas, argumentando que quien oculta su identificación lo hace para evadir las normas.
• Regulación de vehículos: El gobierno también planea revisar el mercado de las motocicletas, que representan el 90% de los vehículos incautados y operan en un entorno actualmente desregulado.
El objetivo final de estos cambios es asegurar que las infracciones de tránsito no queden en el olvido y que la ley vuelva a cumplir su rol preventivo y educativo en la vía pública.
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