El reciente informe sobre las personas en situación de discapacidad en Uruguay y las brechas en el acceso a derechos, presentado por la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto con Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha puesto en evidencia una realidad preocupante. El documento, elaborado a partir de los datos del módulo sobre discapacidad del censo 2023, señala la existencia de importantes desigualdades en áreas fundamentales como educación, empleo, vivienda y acceso a servicios básicos.
Panorama Nacional y Definición.
En Uruguay, se contabilizan 197.000 personas en situación de discapacidad, lo que equivale al 6,6% de la población total. La definición utilizada considera a aquellas personas que declararon tener “mucha dificultad” o “imposibilidad” para realizar al menos una de seis actividades básicas: ver, caminar, escuchar, comunicarse, comprender o realizar autocuidados.
La distribución muestra que la prevalencia es mayor en mujeres (122.000, 62%) que en hombres (75.000, 38%). En cuanto a la edad, la mayor proporción se encuentra en el grupo de 65 años o más (97.000 personas), seguido por el grupo de 20 a 64 años (82.000).
Federico Lezama, titular de la Dirección Nacional de Discapacidad, reconoció que el informe «da cuenta de una realidad que no nos gustaría estar presentando. No son buenas noticias», y advirtió que la magnitud de las brechas es «alarmante» y requiere acción inmediata.
Desigualdades Socioeconómicas y Condiciones de Vida
Uno de los hallazgos más críticos se relaciona con las condiciones de vida de los más jóvenes. El 50% de los niños y jóvenes con discapacidad (de 5 a 19 años) vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Este porcentaje es significativamente superior al 36% registrado en personas sin discapacidad en el mismo rango de edad.
Además, el informe destaca déficits en servicios esenciales: el 10% de los hogares donde residen personas con discapacidad carecen de saneamiento seguro, calefacción y acceso a internet. Estos indicadores son al menos cinco puntos porcentuales peores en comparación con los hogares donde no hay personas con discapacidad.
Brechas Educativas.
Existen claras disparidades en el nivel educativo alcanzado. Entre la población de 25 años o más, un 7% de las personas con discapacidad no accedió a la educación primaria, una cifra que contrasta con el 3% de quienes no presentan discapacidad.
Las personas con discapacidad también muestran rezagos significativos en la finalización de los ciclos educativos:
• El 46% de las personas con discapacidad completó la primaria, frente al 23% de las personas sin discapacidad.
• Solo el 7% de las personas con discapacidad terminó la educación media, en comparación con el 10% de quienes no tienen discapacidad.
• A nivel terciario, el 11% de las personas con discapacidad lo completaron, frente al 27% entre quienes no tienen discapacidad.
Estos datos se reflejan en la trayectoria educativa por edad: el 30% de los adolescentes con discapacidad de entre 13 y 14 años aún están cursando primaria, en contraste con el 5% de sus pares sin discapacidad.
Desafíos en el Empleo
El acceso al mercado laboral refleja otra brecha profunda para la población entre 20 y 64 años:
• Tasa de Actividad: 57% para personas con discapacidad, versus 85% para quienes no la tienen.
• Tasa de Empleo: 49% para personas con discapacidad, versus 79% para quienes no la tienen.
• Desempleo: La tasa de desempleo alcanza el 14% en las personas con discapacidad, en comparación con el 8% en aquellas sin discapacidad.
Esta dificultad se acentúa en quienes poseen un bajo nivel educativo: solo el 35% de las personas con discapacidad acceden a un empleo, mientras que el 69% de las personas sin discapacidad con el mismo nivel educativo lo logran.
Conclusión y Hoja de Ruta.
Los datos obtenidos son un insumo clave y fundamental para la elaboración del Plan Nacional de Discapacidad 2026-2030, que es responsabilidad de la Dirección de Discapacidad del Mides.
El informe subraya la necesidad urgente de invertir en la creación de entornos accesibles. Esto incluye espacios públicos transitables para todos, información pública en formatos accesibles y comprensibles, el diseño de objetos e instrumentos para el uso universal, y servicios pensados para garantizar la inclusión plena.
Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, destacó la necesidad de jerarquizar las políticas de discapacidad y de construir institucionalidad, manifestando la esperanza de que el Instituto Nacional de Discapacidad sea una realidad. La estrategia debe alinearse a todos los niveles de gobierno y a la sociedad para lograr «Políticas públicas transformadoras, con acciones necesarias» que se puedan sostener en el tiempo.
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